El desorden organizado del Tránsito en el Ecuador

EL DESORDEN ORGANIZADO DEL TRÁNSITO EN EL ECUADOR

Francisco Xavier Alarcón[1]

Conforme a las Estadísticas publicadas en la página web de la Agencia Nacional de Tránsito en el Ecuador[2], hasta el mes de Agosto del año 2018, en todo el territorio ecuatoriano se produjeron dieciséis mil setecientos cuarenta y seis (16.746) accidentes de tránsito, de los cuales han muerto mil cuatrocientos treinta y tres (1.433) personas y han resultado lesionados doce mil ochocientos noventa (12.890) individuos.

Los resultados publicados son reveladores, la posibilidad de ser víctima de un accidente de tránsito está presente y es constante.

Cada vez que ocurre un accidente de un vehículo de transporte público, del que resultan víctimas mortales, las autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito se presentan en los medios de comunicación y anuncian que se suspenderá el permiso de operación a la Cooperativa a la que pertenece el vehículo accidentado, sin embargo, no se indica si la suspensión es temporal o definitiva, pese a ello, la accidentabilidad sigue ocurriendo. 

Frente a la inseguridad y el crecimiento de siniestros de tránsito, obliga a reflexionar sobre lo siguiente:

Vehículos baratos y accidentes costosos.- En países latinoamericanos como el Ecuador, se grava de impuestos, de forma significativa a los vehículos nuevos con el propósito de mejorar la recaudación de recursos económicos para el Fisco, lo que provoca el aumento de su precio, a costa del consumidor final; tanto así que un vehículo con mayores recursos tecnológicos para la seguridad activa y pasiva alcanza precios exorbitantes y prohibitivos, presentándose como una opción un vehículo barato.

Se produce una superposición de precio por calidad: “El AVEO, un peligro para los consumidores, es el segundo vehículo más inseguro del mercado mexicano”[3] pese a ello es uno de los autos más vendidos en el mercado de México y de Ecuador que se comercializa con el nombre de AVEO y  SAIL; se potencia la preocupación al considerar que este vehículo está autorizado para el servicio de transporte público.

Desde el objetivo recaudador, se valora el pago de impuestos y se deja de lado la seguridad.

Impuesto anual al vehículo motorizado.- El obstáculo del precio de un auto seguro se agrava con la obligación anual de pagar el impuesto al vehículo motorizado, cuyo monto se calcula desde el precio de mercado. Se produce una lógica inversa: el propietario de un auto seguro es el que más impuesto anual paga, frente al dueño de un vehículo inseguro que paga menos tributo.

Se castiga con la imposición del tributo al poseedor de un vehículo seguro.

Vehículos de transporte público.- La dinámica del precio y del impuesto anual al vehículo motorizado afectan a los vehículos destinados al transporte público. Llama la atención que autos de servicio público que pierden la autorización de funcionamiento en la capital del país, inmediatamente son insertados en las provincias; y luego, al prohibir su uso en las capitales de provincia, pasan a funcionar en ambientes rurales. Con esta lógica, la visión de restricción por seguridad y por contaminación procura el privilegio en la capital y se endosa la accidentabilidad y contaminación hacia otros sectores de la sociedad. Se produce una ruptura del principio de igualdad garantizado a todos los individuos.

Otros medios de transporte

El Ecuador presenta un servicio de transporte público deficiente, no orientado al servicio y mucho menos hacia la garantía de los derechos de las personas. Se han insinuado alternativas desprovistas de estudios técnicos a fin de orientar el uso de otros medios de transporte.

Mediante una ordenanza el Distritito Metropolitano de Quito ubicó al peatón y al ciclista en la pirámide de movilidad, a fin de garantizar los medios de transporte sostenible; sin embargo según la Agencia Metropolitana de Tránsito entre enero y octubre de 2017 hubieron 87 siniestros que afectaron a ciclistas. Hubieron 4 fallecidos. En el mismo periodo durante el 2018 se registraron 75 con el saldo de 2 fallecidos[4]

Usar la bicicleta por las vías del Ecuador supone aumentar geométricamente las probabilidades de accidentabilidad[5] debido a varios factores: irrespeto al ciclista y al peatón, diseño de vías no inclusivas a peatones y ciclistas, falta de respeto a las señales de tráfico por parte de peatones y ciclistas, inexistencia de un sistema de seguridad vial, falta de diseño de políticas municipales, entre otras.

Uso de medios tecnológicos

Sin duda la tarea de la ciencia es la transformación del mundo, sin embargo el requisito previo es el conocimiento de la realidad, a fin de partir del diagnóstico situacional. En el sistema vial del Ecuador no se ha procurado la evaluación técnica y científica de la situación de tráfico. Únicamente y de forma errada se ha buscado de propósito la aislada orientación a fortalecer el sistema punitivo.

Diseño y desarrollo del Derecho Administrativo de urbanismo

Una de las grandes deudas que tiene la academia universitaria del Ecuador es el orientar las Carreras de Derecho al estudio exclusivo de la norma, ubicando a la ciencia jurídica en un plano de inexistencia, tal como lo han advertido juristas ecuatorianos.

El Derecho de Urbanismo ecuatoriano es inexistente, confabulando con la inseguridad y provocando crecimientos poblacionales sin la intervención de la ciencia del derecho.

Agencia Nacional de Tránsito

Para el estado constitucional las entidades de la administración pública han de orientarse de forma inequívoca a la tutela de los derechos de las personas, sin embargo la Agencia de Tránsito se ha sintetizado en la labor de certificación y acreditación, dejando aparte la esencia de su misión.

Control

Una de las potestades de la Administración pública es el control. El informe de Transparencia[6] Internacional del 2017 indica que en el Ecuador el 53 % de las personas considera que la Corrupción ha aumentado e indica que la institución con mayor grado de corrupción es la Policía.

En la entidad pública denominada Policía se hallan insertas la Policía Nacional, los Agentes de Tránsito, Policía Municipal entre otros.

No existe un sistema articulado de control que garantice la seguridad vial en el Ecuador. Durante el año 2018, en Ibarra – Imbabura se han presentado hechos que han puesto en evidencia la inexistencia de ejercicios de control técnico, llegando incluso a promoverse manifestaciones de pluralismo jurídico opuesto al ordenamiento.

Escuelas de Conducción

El sistema Educativo en todos los niveles busca el establecimiento de modelos pedagógicos que aseguren el proceso de aprendizaje. La certificación de la condición de conductor no es la única tarea de la Escuela de conductores. La responsabilidad del aprendizaje del futuro conductor es el constructo de la misión y la movilidad de tránsito seguro es parte de la visión.

Solo un verdadero proceso de aprendizaje aportará a la formación de conductores y peatones responsables, respetuosos de todos los actores de la movilidad y garantes de la seguridad vial.

En el ordenamiento jurídico deberá insertarse la responsabilidad solidaria de la Escuela de Conducción que certificó a un conductor causante de un accidente de tránsito.

Francisco Xavier Alarcón

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[1] Jurista, Catedrático de Derecho Administrativo, Profesor Investigador

[2] www.ant.gob.ec

[3] http://elpoderdelconsumidor.org/prensa/aveo-peligro-los-consumidores-segundo-vehiculo-mas-inseguro-del-mercado-mexicano/

[4] https://www.elcomercio.com/actualidad/irrespeto-ciclistas-conductores-quito-accidentes.html

[5] https://www.elcomercio.com/deportes/ciclismo-ciclista-felipe-endara-lesion.html

[6] https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017?gclid=CjwKCAiA8rnfBRB3EiwAhrhBGthzLJMBEyS72QH5xQe0SSSm9YVSUaCwIeCkeqiLserQ8KL18iWSeRoCbTYQAvD_BwE